En los últimos tres meses se han registrado agresiones y atracos a la comunidad universitaria y sus instalaciones por parte de grupos del crimen organizado.
En estos ilícitos participaron personas encapuchadas, con equipo táctico, ropa de asalto y armas de alto calibre, siempre con el mismo modus operandi.
Los agresores cuentan con herramienta para recortar mallas ciclónicas y quebrar barrotes en segundos o derribar paredes, además de que someten a los guardias de seguridad privada.
En algunos casos, se han encontrado mochilas con jeringas para sedar a los encargados de cuidar el patrimonio universitario.
Las instalaciones afectadas son el Centro Universitario de los Valles (CUValles), el Centro Universitario de Los Altos (CUAltos), Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), las preparatorias regionales de Santa Anita y de la Barca, así como las preparatorias metropolitanas 7 y 10.
En los ataques se han sustraído 76 computadoras portátiles y de escritorio, cinco proyectores, nueve pantallas y un vehículo, entre otros artículos electrónicos.
El 21 de diciembre de 2016, del CUValles se llevaron 45 laptops, dos cañones, una cámara, cinco televisiones y una camioneta, que posteriormente fue encontrada en la carretera a Ameca.
La madrugada de este viernes -52 días después del robo al CUAltos–, en la Preparatoria Regional de Tepatitlán entraron y sometieron al velador y personas que trabajan en la obra civil, pues actualmente la escuela está ampliándose.
Los ladrones se llevaron 26 equipos del edificio de cómputo e incluso hicieron una detonación de arma de fuego para amedrentar a uno de los guardias.
En todos los casos se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
Directivos de la Universidad de Guadalajara han tenido conocimiento de que los atracos también se han realizado en instituciones privadas.
Es lamentable que los avances para equipar las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, fruto del esfuerzo del pueblo de Jalisco y la comunidad universitaria, se vean mermados porque hay grupos delictivos que actúan de la manera más impune.
Solicitamos la urgente intervención del Gobernador y el Fiscal General del Estado para que se realice con celeridad y profundidad la investigación, y que ésta lleve a la captura y consignación de los responsables.
La seguridad pública es una atribución constitucional del Estado y los Municipios. Esta situación ha generado una sensación de zozobra, de falta de certeza entre los miembros de la comunidad.
Por ello, se pide además a los Ayuntamientos, a las Policías municipales y el Gobierno de Jalisco su intervención para el resguardo tanto de los universitarios como de sus espacios de trabajo.
También se exhorta a las direcciones de Servicios Municipales que se enfoquen en disminuir los factores de riesgo urbano, como ausencia de alumbrado público o lotes baldíos descuidados. Estas labores son fundamentales para generar un entorno con mayor seguridad.
La semana entrante solicitaremos una reunión urgente con el Gobernador para dialogar sobre el tema, y de igual manera buscaremos encuentros con los presidentes municipales.
Esta Casa de Estudio subraya que no sólo se trata de proteger el patrimonio universitario, sino de lo más importante: la vida de los trabajadores, profesores y alumnos.
